La nueva ley, pendiente de ser ratificada por el Ejecutivo, “establece protocolos para la rápida protección de defensores y periodistas en caso de riesgo para su seguridad y peligro inminente”, detalla el diario El Universal.
La diputada Enoé Uranga del PRD (Partido de la Revolución Democrática) destacó que la violencia que sufren los defensores y periodistas no sólo proviene del crimen organizado.
“La reportera de Proceso se dedicaba a señalar las violaciones de los derechos humanos del Ejecutivo federal”, detalló.
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, sureste de México, fue hallada muerta el sábado en su domicilio con signos de violencia.
Martínez se había especializado a lo largo de treinta años de carrera en temas relacionados con narcotráfico y sus posibles nexos con funcionarios de gobierno.(BBC)